El siguiente artículo busca iniciar una línea de trabajo que permita reflexionar sobre el largo plazo en las migraciones. Nuestro interés radica en incluir el análisis de las temporalidades en tanto tiempo vivido por las personas migrantes (Mercier et al., 2021) , considerando que la temática del tiempo (del paso del tiempo) no ha sido demasiado explorada dentro del campo de estudios migratorios.

Es que, como señala Sayad (2010) , las representaciones sobre las personas migrantes suelen fijarse en el mundo del trabajo y, por ende, en edades económicamente activas. Por fuera de esa marca generacional, las experiencias migrantes se vuelven opacas e invisibles. Dada la escasez de estudios locales sobre la temática, el artículo se propone dos objetivos específicos: en primer lugar, reconstruir el modo en que la cuestión del envejecimiento de las poblaciones migrantes ha sido abordada académicamente en distintos contextos y latitudes; en segundo lugar, y considerando el caso argentino, analizar las legislaciones y las cuestiones legales orientadas a la seguridad social para así identificar las principales limitaciones que encuentra esta población para acceder a determinados derechos.

El envejecimiento de las poblaciones migrantes surgió por primera vez como tema en nuestros trabajos de campo en el marco de la pandemia de Covid-19, a comienzos de marzo de 2020, cuando nuestras interlocutoras migrantes trabajadoras del cuidado con varios años de residencia en Argentina comenzaron a preguntarse por su futuro inmediato, el cual se presentaba incierto en un contexto de pérdida del trabajo para quienes se desempeñaban en la economía informal y veían serias dificultades para asegurar su subsistencia. Asimismo, fueron tiempos donde muchas personas mayores de 60 años fueron definidas como personas “de riesgo”, lo que para muchos/as significó reconocerse por primera vez como una persona vieja.

Además, en junio de 2022 nos contactaron desde un comedor comunitario de la ciudad de Córdoba para comentarnos acerca del caso de Marina, una migrante peruana de 65 años que asistía al comedor y que no poseía ingresos regulares. La consulta puntual era si conocíamos algún programa social estatal al que pudiera acceder Marina para sortear, aunque fuera parcialmente, la vulnerabilidad a la cual estaba expuesta. Desde que llegó a la Argentina, Marina se dedicó al trabajo doméstico remunerado y, siempre, de manera informal. A su edad se encontraba desprotegida y sin posibilidad de acceder a una jubilación como consecuencia de una vida laboral precaria y de la vigencia de un conjunto de políticas de seguridad social que no contemplan las dificultades que enfrentan ciertas poblaciones, como las migrantes, para el acceso a derechos. Después de ahondar en las posibilidades de Marina, muy escasas, fue evidente la relevancia de continuar analizando la experiencia de las personas migrantes que envejecen en Argentina.

El estudio del envejecimiento en las migraciones supone realizar una serie de aclaraciones de partida. Cuando hacemos mención a “adultos mayores”, de “edad avanzada”, “vejeces” o “viejos/as” no sólo estamos haciendo referencia a una edad cronológica —dividir poblaciones en cohortes de edad con base en infancia, juventud, trabajo productivo y retiro sigue siendo un marco tal para la organización social y política del ciclo de vida (Lulle y King, 2016: 3) —, sino también a lo que implica el paso del tiempo siendo migrante. Esto supone considerar que el envejecimiento es un proceso biológico, pero también social, espacial y culturalmente construido (King et al., 2016). Sin embargo, con el fin de contar con una definición empírica, definimos a las personas migrantes viejas como aquellas mayores de 60 años que están en edad de acceder a una jubilación.

Desde hace ya varios años, en nuestras investigaciones hemos analizado distintas dimensiones de la articulación entre migraciones y trabajo, en especial relacionada con los cuidados. Allí indagamos sobre los mecanismos interseccionales de segregación laboral, las movilidades y circulaciones laborales dentro del sector del cuidado que despliegan las mujeres migrantes, las esperas como forma de cuidado, entre otras dimensiones. Sin embargo, no profundizamos en el impacto que tiene el paso del tiempo —envejecer— en las experiencias de vida de migrantes que se quedan en el país, en especial quienes se han desempeñado en trabajos informales y precarios, y cuya sostenibilidad de la vida se construye en el día a día.

Para 2020, se calculaba que 12,2% de la población total de migrantes en el mundo tenía más de 60 años (ONU DAES, 2020) . En América Latina y el Caribe, ese porcentaje ascendía a 7,6%, mientras que en Europa y América del Norte alcanzaba 16,2% y 15,7%, respectivamente. De acuerdo a la misma fuente, a nivel mundial el número de mujeres adultas mayores entre los migrantes de edad es superior al de varones (6,8% frente a 5,4%). Con estos datos, no es casual que las pocas investigaciones que se encuentran sobre el nexo entre migración y envejecimiento estén localizadas en los desplazamientos hacia el norte global. Por otra parte, y tal como será profundizado en el apartado siguiente, la vinculación de la vejez con los cuidados hace que las mujeres sean protagonistas centrales de estos trabajos. Tanto a nivel local como transnacional, son las encargadas de las tareas de cuidados y quienes requieren de redes de cuidados, generalmente constituidas por otras mujeres, muchas veces mayores, para sostener a sus propias familias. En este sentido, la reciente y creciente feminización de las migraciones, especialmente hacia el norte global, visibiliza el papel central de las cadenas globales de cuidados y el rol primordial de las adultas mayores en ellas.

Si bien se trata de escenarios que no necesariamente dialogan con las especificidades del contexto argentino, reponer el modo en que ha sido abordado el envejecimiento de las poblaciones migrantes en otros marcos sociohistóricos brindará herramientas para reconstruir las particularidades de este campo de indagación. En Argentina, para las personas migrantes de origen sudamericano que llevan varias décadas de residencia en el país, la principal limitación para acceder a los beneficios de la seguridad social radica en el tipo de trabajo que han realizado durante su vida laboral “activa”. Las poblaciones migrantes cuyos trabajos son precarios e informales tienen capacidades limitadas para hacer frente al envejecimiento. Limitaciones que se ven potenciadas por la existencia de políticas públicas que, como veremos, no contemplan las particularidades de las trayectorias de vida y de trabajo de una gran parte de las poblaciones migrantes en el país, en especial aquellas que provienen de los países de la región. Así, se ven obturadas las posibilidades de descanso y nuevos proyectos que otras poblaciones viejas privilegiadas pueden disfrutar.

Considerando este marco, el artículo se organizará en tres apartados. En el primero se retoman los antecedentes más relevantes sobre la temática tanto en el contexto local como regional y global, y sus aportes para la construcción de un campo de estudios todavía incipiente. Con esto nos interesa aportar a la construcción de una línea de indagación dentro de los estudios sobre migraciones que repare en el paso del tiempo en la migración como clave analítica. En el segundo apartado se presenta un conjunto de datos sobre el panorama migratorio en la Argentina contemporánea, con foco en la cuestión del envejecimiento de la población migrante. Finalmente, en el tercer apartado se reflexiona sobre las limitaciones principales que esa población enfrenta en términos de barreras para el acceso a derechos, a partir del análisis de las políticas públicas vigentes orientadas a la seguridad social en el país.

Como se ha mencionado al inicio de este trabajo, el análisis del paso del tiempo no ha sido suficientemente explorado en el campo de los estudios migratorios. Las experiencias de quienes no se encuentran entre la población económicamente se vuelven opacas y se supone su pasividad en los proyectos migratorios, tal como ha sido subrayado por quienes trabajan con las juventudes migrantes (García Borrego, 2006; Zenklusen, 2020) . El caso de las personas mayores en contextos de migración expresa, además, otras problemáticas. Envejecer en las sociedades de destino, señala Sayad (2001) , supone quebrar la legitimidad de la condición migratoria basada en un triple supuesto: el/la migrante es un cuerpo para el trabajo, su permanencia es vivida a través de la “ilusión de la temporalidad” y la persistencia del mito del retorno. Especialmente para las sociedades del norte global, la idea misma de que se podría envejecer en la migración resultó inverosímil durante largos años (Temime, 2001) . Como consecuencia, tal como lo explica Samaoli (2011) , el cuerpo viejo de las personas migrantes resulta engorroso para las sociedades en las que residen. Sin embargo, las poblaciones migrantes efectivamente envejecieron en los lugares de destino, buscaron acceder a prestaciones sociales, lo cual se vio reflejado en una mayor consideración de la temática. Aun así, continúa siendo un objeto marginal, probablemente porque su análisis supone desbordar las categorías clásicas del campo de estudio.

El caso francés permite ejemplificar el modo en que emerge la temática del envejecimiento en los estudios migratorios y sus limitaciones. Madoui (2016) , un investigador que retomó las definiciones de Sayad para explorar sociológicamente el envejecimiento migrante, plantea que a diferencia del extenso abordaje sobre la cuestión de la integración de las personas migrantes y sus descendientes, el tema de la jubilación y el envejecimiento de las personas migrantes fue olvidado por mucho tiempo, tanto por los poderes públicos franceses, debido al desinterés que generan los viejos/as migrantes convertidos en “improductivos/as”, como por el mundo académico más preocupado por la cuestión de la integración.

Sin embargo, esta inatención se revierte cuando los viejos/as migrantes se constituyen y son definidos como un “problema” por parte del Estado receptor de las migraciones, lo cual, a su vez, produce que el mundo académico comience a prestar atención a la temática (Madoui, 2016) . De este modo, desde el cambio de milenio, existe un número creciente de trabajos que problematizan la vejez migrante y su acceso a derechos básicos. En términos generales, retomando a Sayad (2001) , las investigaciones señalan que el tiempo de la jubilación suele ser un momento de una profunda reflexión sobre la identidad de los viejos/as migrantes que justificaban su residencia en Francia por su condición de trabajadores/as (Madoui y Jaeger, 2015), a la vez que analizan las condiciones de la vejez, el acceso a las pensiones, tratamientos médicos, instituciones especializadas y las condiciones de las viviendas donde viven (Madoui, 2015). Así, en palabras de Plard, Martineau y Fleuret (2015) , se fue construyendo una lectura gerontológica de la migración en el mundo académico y en los agentes estatales atentos a esta novedosa cuestión social.

En el caso argentino, el tema del envejecimiento, las trayectorias, derechos y cuidados de las personas migrantes de edad avanzada no tiene un lugar destacado en las agendas del campo de los estudios migratorios y tampoco forma parte de las temáticas más vibrantes de las agencias estatales ni de los activismos migrantes. Este lugar de vacancia vuelve necesario el ejercicio de reconstrucción de antecedentes que nos proponemos en este apartado.

A continuación, abordaremos los principales trabajos académicos que analizan el cruce entre el envejecimiento y las migraciones, especialmente aquellas que provienen de América Latina. Para ello, hemos utilizado los buscadores Scielo, Latindex, Google Académico y Jstor a partir de las siguientes palabras clave (además de las vinculadas con las migraciones): adultos mayores, viejos/as, vejez, envejecer, jubilación, abuelas/os. El objetivo de este apartado no es meramente recopilatorio ni pretende una reconstrucción exhaustiva de los antecedentes, sino que intenta abordar los modos en que se construye la vejez y el envejecimiento migrante en las agendas de investigación contemporáneas. Por ello no trabajamos con la totalidad de los trabajos previos sobre la temática, sino únicamente con aquellos que permitieron avanzar en la dirección propuesta.

En términos generales, hay dos grandes líneas de análisis sobre personas migrantes mayores en contextos de migración: primero, y teniendo en cuenta que a medida que el tiempo avanza las personas se vuelven más dependientes, una línea de abordaje se vincula con la temática de los cuidados locales y transnacionales. En segundo lugar, se encuentra el análisis de los desplazamientos de las personas mayores. Fuera de estos dos grupos, se ubican los trabajos demográficos que han analizado el peso de la migración como variable explicativa de los procesos de envejecimiento de las sociedades de origen ante el sesgo en la composición por edad y sexo de las personas que se van y aquellas que permanecen en el lugar de origen (Martínez Caballero y Montes de Oca Vargas, 2012; Cruz Manjarrez, 2023) .

Con esta misma perspectiva, también se analiza el impacto social y económico de la migración internacional en la experiencia de los adultos mayores que no se han desplazado, señalando las ventajas de quienes cuentan con remesas internacionales (Cruz Manjarrez, 2023) . Más allá de la relevancia de esta línea de trabajo, para los objetivos del presente artículo nos interesa desarrollar los dos primeros grupos. Dejamos en tercer lugar un conjunto específico de trabajos sobre la jubilación de trabajadoras de casas particulares migrantes, por el vínculo especial que tienen con nuestros intereses investigativos.

De acuerdo a un informe elaborado por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), en noviembre de 2022, 87,1% de las personas migrantes en Argentina que contaban con DNI provenían de algún país de América del Sur. En particular de Paraguay (29,7%) y Bolivia (21,7%), seguido por Perú (9,54%), Venezuela (7,27%) y Chile (6,98%). En relación con los países europeos, 2,93% de las personas eran de procedencia italiana y 2,34%, española (RENAPER, 2022). Este dato es particularmente relevante para nuestra investigación, pues se trata de una población envejecida, debido a que no se ha renovado con la llegada de nuevos migrantes.

Ese mismo informe señala que del total de migrantes, 1.568.350 son mujeres y 1.465.430 varones. Ahora bien, cuando se miran las edades de esa población, se observa que mientras los varones tienen una predominancia en el rango etario de 0 a 44 años, a partir de los 45 años la preponderancia de las mujeres aumenta a medida que avanza la edad, debido a la mayor sobrevivencia que tienen (RENAPER, 2022: 10). En cuanto a la distribución geográfica de la población migrante en general, un amplio conjunto se concentra en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y, en menor medida, en las provincias de la región del centro, como Córdoba y Santa Fe.

Respecto a la población migrante de más de 60 años, un informe publicado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) advierte que en Argentina la cobertura jubilatoria es alta, superando el 90% para todos los grupos, excepto el de los migrantes de América Latina (Lieutier, 2022: 49) . Se trata de una cobertura que alcanza especialmente a las personas migrantes de origen europeo que llegaron a la Argentina hacia mediados del siglo XX y envejecieron en el país. De modo que mientras entre migrantes de nacionalidad española e italiana la cobertura asciende a 97% y 98%, respectivamente, se registran valores muy inferiores entre las nacionalidades paraguaya (71%), peruana (46%), venezolana (64%) y boliviana (69%) (Lieutier, 2022). Además, ese mismo documento destaca que la cobertura jubilatoria en mujeres es mayor que en varones en todos los grupos poblacionales.

Las diferencias en relación con el acceso a la cobertura previsional por parte de migrantes sudamericanos se explican por varios motivos, entre ellos se destaca el hecho de que gran parte de esta población posee trayectorias laborales informales, tanto en origen como en destino. De acuerdo a datos de la OIM para 2019 (Beherán, 2019) , la población migrante regional poseía en aquel momento mayores tasas de trabajo no registrado respecto a la población nativa: 45% en migrantes frente a 28% en no migrantes. Estos datos refieren también al tipo de actividades que reúnen a la mayoría de las mujeres y varones migrantes sudamericanos: comercio (21%), construcción (18%) y trabajo doméstico (17%). En su conjunto se trata de trabajos que se distinguen por su informalidad e inestabilidad. Estos rasgos característicos de los trabajos en los que mayoritariamente se incorporan los migrantes de origen sudamericano tienen no sólo efectos en el corto plazo, en relación con las dificultades diarias que encuentran para asegurar la sostenibilidad de la vida propia y familiar, sino también en el largo plazo.

Ahora bien, aun cuando las barreras para el acceso a los beneficios de la seguridad social afectan tanto a mujeres como a varones, el sistema previsional se encuentra constituido por desigualdades de género que se arrastran de la propia segregación presente en el mercado de trabajo. Tal como indican Petrone y Baliña (2022: 3), las brechas de género en ese espacio en cuanto a participación y trayectoria se traducen en desigualdades de género en el sistema previsional. Es que, como enfatizan las autoras, “los esquemas previsionales contributivos reproducen de manera no intencional las inequidades del mercado de trabajo” (Petrone y Baliña, 2022: 4). Esas inequidades se expresan en procesos de segregación laboral que concentran a ciertos grupos sociales en determinados tipos de empleos y los excluye de otros, acotando su horizonte de posibilidades de inserción laboral (Magliano y Mallimaci Barral, 2021: 393). El género, en intersección con la raza, la etnicidad, el origen nacional, la edad, funciona como factor explicativo de la segregación laboral. Como argumentamos en otro trabajo, la intersección de esas formas de clasificación social condiciona y predispone a las personas migrantes, sus formas migratorias, sus oportunidades de inserción en el mercado de trabajo y sus posibilidades, presentes y futuras, de acceder a derechos (Magliano y Mallimaci Barral, 2021).

De modo que si bien desde 2005 se introdujeron algunas medidas tendientes a la universalización del sistema previsional, que permitió expandir la cobertura a un amplio porcentaje de los adultos mayores (Apella, 2022: 12) , la población migrante que proviene de los países de la región tiene una menor cobertura en términos de seguridad social por dos grandes razones: el tipo de inserción en el mercado de trabajo; y las limitaciones que las propias legislaciones generan para acceder a los beneficios previsionales.

En el próximo apartado reflexionaremos sobre las principales dificultades que encuentra esta población para obtener de manera efectiva una jubilación o pensión, con base en el análisis de las políticas públicas sobre protección social y beneficios previsionales que están vigentes en Argentina.

A partir de recopilar y analizar las legislaciones vigentes en relación con las poblaciones migrantes y la seguridad social en el marco nacional, interesa en este apartado reparar en la forma en que el Estado piensa y trata al envejecimiento migrante. Si bien Argentina no presenta un proceso de envejecimiento de su población similar a lo que sucede en los países del norte global, resulta una tendencia que tiene cada vez más peso sociodemográfico en el contexto local. Como sugiere Otero (2020: 10), “el envejecimiento de la población producido por las decisivas transformaciones de la transición demográfica se convirtió en un problema de progresiva visibilidad a partir de la Segunda Guerra Mundial hasta constituir uno de los temas centrales de la agenda demográfica actual, tanto en los países desarrollados como en los en vías de desarrollo”. En esta dirección, y de acuerdo a un informe del RENAPER de 2021, “el envejecimiento de la estructura demográfica en Argentina se hizo claramente visible desde 1970 cuando la población mayor de 60 años superó el 7% de la población” (RENAPER, 2021: 11). Ese mismo informe registra, para el caso argentino, un proceso de feminización del envejecimiento demográfico, representado por índices de feminidad de 135 mujeres por cada 100 varones de 60 años y más.

Como venimos insistiendo, ese proceso de envejecimiento se produce en desigualdad de condiciones, pues no todas las personas llegan a esta etapa de la vida con los mismos estándares de protección social. Las trayectorias laborales propias y familiares durante la fase económicamente activa, el género y la condición de “no nacional” inciden, entre otros aspectos, en esas condiciones diferenciales.

Actualmente, Argentina cuenta con una cobertura jubilatoria amplia con base en un sistema de seguridad social conformado por un pilar contributivo y uno no contributivo. Tal como resume Lieutier (2022) , el pilar contributivo se sustenta en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en el que se inscriben las jubilaciones y pensiones del sistema público y de reparto, como así también en los planes de inclusión previsional a través de moratorias. El sistema de seguridad no contributivo, por su parte, otorga prestaciones sociales sin necesidad de haber realizado una contribución previa. Entre ellas se encuentran la Asignación Universal por Hijo (la cual se percibe hasta que el niño/a tiene 18 años) y la Asignación Universal por Embarazo. Ambas prestaciones no están destinadas a las personas adultas mayores. Dentro de este sistema se encuentra también la Pensión por Vejez, la cual está dirigida a personas de 70 años o más que se encuentren sin cobertura previsional o no contributiva (el monto a cobrar es el equivalente al 70% de un haber mínimo); y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), para mayores de 65 años (en este caso se cobra el equivalente al 80% de un haber mínimo).

La mencionada “amplitud” de la cobertura jubilatoria, sin embargo, presenta restricciones concretas para las poblaciones migrantes. En su conjunto, el acceso a derechos de seguridad social para aquellos migrantes en edad jubilatoria se vincula a cuestiones relacionadas con los años de residencia en el país y con el tipo de contratación laboral (formalidad/informalidad). De acuerdo a la legislación vigente, para acceder a la jubilación y/o pensión del SIPA —contributivo— no existen limitaciones formales para la población migrante, puesto que no exigen el requisito de años mínimos de residencia. Es decir, se comparten los mismos requerimientos para toda la población. No obstante, la demanda de los 30 años de aportes en el país implica no sólo haber trabajado en el mercado laboral formal, sino también contar con una residencia legal que comprenda ese mismo lapso de tiempo (Lieutier, 2022).

El requisito de años de aportes del esquema contributivo general supone entonces que sólo pueden acceder a una jubilación quienes trabajaron la mayor parte de su vida laboral activa en empleos formales, ya sea en relación de dependencia o en forma autónoma (Petrone y Baliña, 2022: 12) , y quienes cuentan con al menos 30 años de residencia legal en el país. La informalidad que distingue al trabajo migrante no contemplada en las políticas públicas redunda en una barrera concreta para poder acceder a este beneficio. La exigencia de los 30 años de aporte se torna virtualmente imposible de cumplir para aquellas personas que no han podido obtener un trabajo por fuera de los márgenes de la economía informal.

Dentro del sistema contributivo, asimismo, las jubilaciones por moratorias (implementadas en 2005, posteriormente extendidas en 2014, 2016, 2019 y 2023) establecen un régimen de facilidades de pago para deudores del sistema previsional, es decir, para quienes no poseen los 30 años de aportes completos. Esta iniciativa genera la posibilidad de que la persona que está en edad de jubilarse, pero no cuenta con los años de aportes, pueda declarar una deuda correspondiente a esos años a través del régimen de trabajadores autónomos e ingresar en un plan de pagos que se realiza de forma paralela al cobro de los beneficios (Apella, 2022: 15). En el caso de las mujeres y varones migrantes que intentan acceder a este beneficio, se añade como condición la exigencia del DNI argentino y un mínimo de 30 años de residencia desde la fecha de inicio del plan jubilatorio. Es decir, el requisito de la residencia aparece como un factor excluyente para obtener una moratoria previsional.

Algo similar sucede con las pensiones no contributivas por vejez para las personas mayores de 70 años. De acuerdo a lo estipulado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), para alcanzar este beneficio es condición: “ser argentino nativo o naturalizado, residente en el país. En este último caso debe haber residido en el país al menos durante cinco años antes de realizar la solicitud”. En el caso de las personas migrantes, tienen que haber residido en el país durante al menos 20 años para poder elevar la solicitud. En el caso de la PUAM, se requiere ser argentino o naturalizado con 10 años de residencia en el país (anteriores a la solicitud), o poseer una residencia mínima de 20 años.

Estos requisitos son una muestra de que las exigencias sobre los años de aportes/residencia en el país colocan a ciertas poblaciones migrantes en una situación de clara desventaja, aun respecto de las mujeres y varones nativos de sectores populares. No sólo eso, la acreditación de la fecha de ingreso para certificar los años de residencia demandados por la legislación se fue complejizando conforme se fueron agregando distintos requisitos a cumplimentar. Tal como reconstruye Coturel (2023), a través de diferentes circulares desde la ANSES se ampliaron los requerimientos que las poblaciones migrantes debían presentar para demostrar los años de residencia en el país, otorgando un papel protagónico a la Dirección Nacional de Migraciones (DNM).

Así pues, a las poblaciones migrantes se les demanda cumplir con la actualización de datos en la base de la DNM y se desconoce el DNI emitido por el RENAPER (Coturel, 2023). Esta exigencia se convierte en una barrera para acceder a los beneficios de la seguridad social, ya que poder dar cuenta de esa residencia presenta cada vez más dificultades para las poblaciones migrantes en tanto el beneficio previsional está condicionado a la certificación de la DNM. En caso de que los datos de dicha base no coincidan con los referidos en el DNI del solicitante, se impide el inicio del expediente previsional y se le obliga a rectificar la información de la DNM. Posteriormente, puede reclamarse la obtención de un nuevo DNI (Coturel, 2023).

Frente a esta realidad desfavorable que las personas migrantes suelen enfrentar en sus vejeces, una de las opciones con las que cuentan para sortear el requisito de residencia es la naturalización. Para esta opción se necesita, primero, tener acceso a la información sobre cómo se realiza el trámite (cosa que no siempre sucede) y, segundo, cumplir con una serie de demandas que establece el Estado. Entre ellas, ser mayor de 18 años y contar con dos años de residencia ininterrumpida en territorio nacional, la cual debe estar documentada y certificada por la DNM, salvo que se trate de esposo/a de argentino nativo o padre/madre de argentino. Además, se requiere de la presentación de la partida de nacimiento apostillada y legalizada, de comprobante del medio de vida que lo ampare, como contratos de trabajo o comprobantes de aportes tributarios (resaltado en el original) y de certificación de no tener antecedentes penales. Se trata de trámites engorrosos para la gran mayoría de los y las migrantes: no sólo encuentran serias dificultades para demostrar “medios de vida que los ampare” de acuerdo a los criterios establecidos por el Estado, sino que no siempre cuentan con las redes y credenciales necesarias para reunir todos los “papeles” que se les demanda.

El foco puesto en la articulación entre las vejeces migrantes y las legislaciones estatales destinadas a la protección social expresan, entonces, la vigencia de un “pensamiento de Estado” (Sayad, 2010) , que define y constriñe los derechos de las poblaciones migrantes que viven dentro de su territorio. Si la migración constituye el límite de lo que es el Estado nacional (Sayad, 2010: 387) y sólo se define al migrante a partir de su vínculo con el trabajo, una vez que se deja de trabajar (en nuestro caso por el paso de los años) para el Estado también se deja de existir como migrante. Un claro ejemplo se encuentra en la Ley de Inmigración y Colonización núm. 817, o Ley Avellaneda, sancionada el 19 de octubre de 1876 por el Congreso Nacional. Esta normativa se preocupaba especialmente por definir a la persona “inmigrante”. Para serlo se requería cumplir ciertos criterios laborales, migratorios, pero también etarios: la ley fijó una edad máxima de 60 años para que una persona pueda ser reconocida como inmigrante, salvo en el caso de los jefes de familia (Otero, 2021) . Si bien las normativas posteriores no marcan explícitamente este requisito etario, la asociación entre migrantes, juventud y trabajo se filtra en los supuestos del pensamiento de Estado.

Es por ello que las legislaciones orientadas a dar respuestas a las necesidades de las personas adultas mayores no contemplan las particulares trayectorias que el grueso de las poblaciones migrantes transitan desde su llegada al país. El “pensamiento de Estado”, enfatiza Sayad (2010) , se estructura en torno a categorías “nacionales” y, por ende, “no nacionales”, las cuales se traducen en formas concretas de discriminación para las poblaciones migrantes, entre ellas quienes envejecen en los contextos de destino, que se materializan en barreras para el acceso a derechos.

En este artículo reparamos en la importancia de visibilizar el paso del tiempo en el estudio de las migraciones. Se trata de una temática todavía marginal dentro de ese campo de indagación tanto a nivel global como regional y local. Los trabajos pioneros sobre la temática se han focalizado en los países del norte global, donde los índices de envejecimiento de la población en general, y la migrante en particular, han crecido en las últimas décadas. Estas investigaciones se han abocado a profundizar dos dimensiones principales del entrecruzamiento entre envejecimiento y migraciones: por un lado, los cuidados locales y transnacionales; por el otro, el análisis de los desplazamientos de las personas mayores. Si bien estos estudios no necesariamente dialogan con las especificidades del escenario local, su consideración se tornó fundamental para la construcción de un campo que es todavía incipiente.

La investigación que iniciamos con este artículo parte de un reconocimiento: la informalidad y precariedad que distingue a los trabajos a los cuales acceden las poblaciones migrantes en América Latina inciden en las formas que adquiere el paso del tiempo en la migración. Estas características de sus inserciones laborales condicionan no sólo el corto plazo de los y las migrantes, en especial en lo que a la subsistencia diaria se refiere, sino también el largo plazo, visible en las estrategias y posibilidades durante la vejez. En relación con las mujeres migrantes, y como señalamos en el artículo, las desigualdades de género presentes en el mercado de trabajo condicionan los procesos de envejecimiento —los cuales se encuentran ampliamente feminizados— y aumentan las restricciones legales para obtener derechos previsionales. No es casualidad entonces que, desde hace ya varios años, desde diferentes organismos internacionales, se alerte sobre el plus de dificultades que enfrentan las mujeres, sobre todo quienes pertenecen a los sectores populares, en sus vejeces.

En el caso argentino, en particular, las poblaciones migrantes que llegaron desde la región sudamericana y que hace varias décadas residen en el país tienen una menor cobertura en términos de seguridad social. Esto se vincula con dos cuestiones centrales: el tipo de inserción en el mercado de trabajo y las dificultades que las propias legislaciones y los requerimientos legales generan para acceder a los beneficios previsionales. En especial, debido a que esos beneficios se encuentran atados a los años de aportes al sistema de seguridad social y de residencia comprobable en el país.

Desde nuestra perspectiva, las barreras concretas para el acceso a derechos previsionales que enfrentan las vejeces migrantes en la Argentina contemporánea se relacionan con un pensamiento de Estado que, como propone Sayad (2010) , no concibe al migrante de ciertos orígenes nacionales más allá de su vinculación con el trabajo y en edades económicamente activas. Es por ello que sobre su figura se cierne —en términos materiales y simbólicos— el peso de lo provisorio, aun cuando el paso del tiempo en la migración cuestiona y disputa esta idea. El análisis de las legislaciones previsionales vigentes expresa que el envejecimiento se produce en desigualdad de condiciones, pues no todas las personas que llegan a esta etapa de la vida cuentan con los mismos beneficios y derechos de protección social.