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Artículos científicos

 

Género, etnia y violencia en Ayutla, Oaxaca

 

Gender, ethnicity and violence in Ayutla, Oaxaca

 

Verónica Vázquez-García y Carolina Muñoz-Rodríguez

 

*Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas, México. Correo Electrónico: veovazgar@yahoo.com.mx,

**Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas, México. Correo Electrónico: ingcmr77@hotmail.com

 

Recepción: 27 de julio de 2011.
Aprobación: 08 de octubre de 2012.

 

Abstract

Research on gender violence has been conducted since the sixties. The problem has been conceptualized and documented, although not necessarily looked after. Oaxaca stands out as one of the states where women are more likely to be attacked. This paper analyzes gender violence in Ayutla, a Mixe community of Oaxaca. Data were gathered through quantitative and qualitative methods. The main results are: psychological violence is the most common one; numerous cases of incest and ravishment occur; economic violence generally involves men totally abandoning women; local and State authorities exercise institutional violence by neglecting women's charges. The paper analyzes women's discursive strategies to re-signify their rights, and a successful case of rape within marriage which strengthened the struggle for such rights.

Key words: gender, ethnicity, violence, human rights, justice.

 

Resumen

La violencia de género ha sido estudiada desde los años sesenta. Actualmente es un problema conceptualizado y documentado, pero no necesariamente atendido. Oaxaca destaca como uno de los estados donde las mujeres son más propensas a ser víctimas de una agresión. Este trabajo analiza la violencia de género en Ayutla, comunidad mixe de Oaxaca. Los datos fueron obtenidos a través de una estrategia metodológica mixta (cuantitativa-cualitativa). Entre los principales hallazgos están: la violencia psicológica es la más común; hay numerosos casos de incesto y estupro; la violencia económica generalmente asume la forma de abandono total de la pareja; las autoridades locales y del Estado ejercen violencia institucional al no atender las denuncias. Se analizan las estrategias discursivas de las mujeres para resignificar sus derechos dentro de su propia cultura, así como el éxito en la denuncia de un caso de violación dentro del matrimonio que fortaleció la defensa de tales derechos.

Palabras clave: género, etnia, violencia, derechos humanos, justicia.

 

Introducción

El análisis de la violencia hacia las mujeres tiene sus orígenes en los años sesenta. En la década de 1990 se establece como línea de investigación dentro de los estudios de género (Castro y Riquer, 2003; González, 2009). Los y las especialistas la relacionan con el desequilibrio de poder entre hombres y mujeres, es decir, con la desigualdad estructural entre ambos sexos. La violencia atenta contra la voluntad de las mujeres, al obligarlas a hacer o aceptar algo que ellas no desean; implica el uso de la fuerza para producir daño. Es, ante todo, un ejercicio de poder legitimado por la sociedad patriarcal (Corsi, 1994; Velázquez, 2004; Freyermuth, 2004; Mejía, 2006).

Contrario a la situación que enfrentaron los primeros estudios sobre el tema, la violencia ya se encuentra documentada, tipificada y clasificada, pero no necesariamente atendida. Esto se manifiesta en las estadísticas. En 2002, el estado de Oaxaca ocupó el primer lugar en el país en el porcentaje de mujeres (75%) que al menos una vez en la vida han sufrido algún tipo de violencia; y el primer lugar (45.2%) en violencia por parte de la pareja a lo largo de sus vidas (Cámara de Diputados, 2006).

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) de 2006 reveló que 43.9% de las mujeres oaxaqueñas enfrentaron algún tipo de violencia por parte de su pareja durante su última relación (en Gutiérrez y Appignani, 2010: 105). En 2008, el estado de Oaxaca ocupó el primer lugar en delitos contra la mujer; las más propensas a ser víctimas de una agresión son aquellas que han cursado la primaria como nivel máximo de instrucción. El 40% de las mujeres casadas o unidas hablan una lengua indígena. De éstas, 39.9% han sido violentadas por su pareja a lo largo de su relación, predominando la violencia emocional (80.4%), seguida por la económica (56.5%), la física (53.9%) y la sexual (21.9%) (Gutiérrez y Appignani, 2010).

Durante los últimos 10 años, cerca de 600 mujeres han sido asesinadas en Oaxaca. Se han reportado cerca de 3,000 delitos de violencia intrafamiliar y centenares de niñas y jóvenes violadas por parientes o desconocidos (Hernández et al., 2010). Las cantidades podrían ser más altas, ya que existe una "cifra negra" (índice de denuncias no realizadas) de 84.1% para 2008, lo cual evidencia el desconocimiento y la falta de atención de estos delitos por parte de las autoridades (Gutiérrez y Appignani, 2010).

Este trabajo analiza la violencia de género en San Pedro y San Pablo Ayutla, municipio mixe o Ayuuk'j1 ubicado en la Sierra Norte de Oaxaca.

Se abordan dos aspectos principales. El primero tiene que ver con los distintos tipos de violencia que se presentan y las estrategias de las mujeres para enfrentarla, que según González (2009) deben ser más documentadas pues constituyen importantes actos de resistencia. Uno de estos actos es precisamente la denuncia, que conforma la segunda parte del artículo. Se identifica la constelación de factores que permitieron que una inédita denuncia por violación dentro del matrimonio tuviera éxito. Con ello se pretende contribuir a la construcción de una teoría de género que ayude a entender las circunstancias bajo las cuales es posible detener la violencia; y orientar a tomadores/as de decisiones en la formulación de programas y acciones orientadas al tratamiento efectivo de la violencia de género.

 

Zona de trabajo y estrategia metodológica

El municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla pertenece a la región mixe. Por sus características geográficas, se divide en zona alta, media y baja. San Pablo y San Pedro Ayutla se ubica en la parte alta y es considerado "la puerta de la región mixe" (Vargas, 2011: 45). De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2010, Ayutla tiene 5,602 habitantes (3,005 mujeres y 2,597 hombres) distribuidos en 31 localidades. En la cabecera municipal habitan 2,134 personas (38% de la población total del municipio) (INEGI, 2010).

La mayoría (5,233 personas mayores de tres años) de la población de Ayutla habla Ayuuk'j, predominantemente mujeres (2,823 versus 2,410 hombres) (INEGI, 2010). El municipio tiene un índice de marginación muy alto, ocupando el lugar 27 en el estado y 66 a nivel nacional (Conapo, 2010). Las actividades productivas del sector primario (pecuaria y agrícola) ocupan al 61% de la Población Económicamente Activa del municipio, mientras que el sector servicios ocupa al 39% restante. La mayor parte de la población que habita en la cabecera municipal se dedica al comercio, prestación de servicios y manufacturas diversas (INAFED, 2010).

Los datos que se presentan a continuación fueron obtenidos a través de una estrategia metodológica mixta, es decir, cuantitativa-cualitativa. Las actividades de campo se realizaron entre abril y septiembre de 2010 y fueron las siguientes:

• Un taller dedicado a la elaboración de un diagnóstico municipal con enfoque de género a partir de la propuesta de Massolo et al. (2005). Se invitó a mujeres con trayectorias de liderazgo y a lo largo del taller se fueron incorporando otras interesadas en el tema. Uno de los puntos tratados en el diagnóstico fue la violencia de género.

• Una encuesta aplicada a 76 mujeres adultas. Originalmente se pensó diseñar una muestra probabilística y levantar los datos con la ayuda de una traductora, pero después del pilotaje se desistió, debido a que no había la certeza de que las respuestas de las mujeres fueran fielmente traducidas. El cuestionario se aplicó a mujeres bilingües que aceptaron ser encuestadas al hacer recorridos por varias zonas de la comunidad. Incluyó no sólo a residentes de la cabecera, sino a mujeres de otras seis localidades pertenecientes al municipio que estaban de paso por la cabecera. Mediante 53 preguntas se recuperaron datos generales (edad, estado civil, escolaridad), composición familiar, nivel de ingresos, ejercicio de derechos (educación, salud, reproductivos, a una vida libre de violencia y políticos) y experiencias con la violencia de género. La base de datos es amplia y el presente artículo se enfoca sólo en este último tema. Puesto que no se trata de una muestra probabilística, los porcentajes que se presentan abajo no son aplicables a todo el municipio, sino únicamente a las 76 mujeres encuestadas.

• Un taller dedicado en específico al tema de violencia de género. Las mujeres fueron invitadas personalmente durante el levantamiento de la encuesta y se perifoneó varias veces para extender la invitación a otras.

• Cinco entrevistas a profundidad (síndico municipal y su respectivo suplente; partera; encargada de la Unidad Médica Familiar -UMF-; Ilma, mujer de la comunidad cuya madre puso una denuncia por violación dentro del matrimonio). Las cinco personas autorizaron la grabación y posterior transcripción de la entrevista con fines de publicación.

La combinación de métodos se legitima en el hecho de que cada enfoque (cuantitativo y cualitativo) es capaz de revelar diferentes zonas de la realidad social (Sandoval, 2002). A través de la encuesta fue posible determinar los tipos más comunes de violencia que afectan a las mujeres. Se trata de una encuesta con alcances descriptivos que se propuso calcular medidas de distribución de determinadas variables, en relación con un grupo poblacional que (por razones ya descritas antes) no es representativo de toda la población femenina adulta de Ayutla.

Por su parte, los talleres y las entrevistas permitieron recuperar valiosos testimonios de actores y actrices involucradas en casos específicos de violencia. A partir de ellos fue posible identificar, mediante la inducción, la constelación de factores que permitieron que una denuncia por violación dentro del matrimonio tuviera éxito. Con esta estrategia combinada se logró "abrir" las cifras descriptivas para indagar con mayor detenimiento en su contenido. Pierre Bourdieu (2000: 30) lo dice mucho mejor: "Los análisis que reciben el nombre de 'cualitativos'.. son capitales para comprender, es decir, para explicar completamente lo que las estadísticas se limitan a constatar, semejantes en esto a las estadísticas de pluviometría".

 

Violencia psicológica, física, sexual y económica en Ayutla

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, mejor conocida como "Convención Belém Do Pará" (en Gutiérrez y Apignani, 2010: 14), define a la violencia de género como "cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado". La naturalización de la violencia impide que ésta sea percibida como un problema estructural que no sólo afecta a las mujeres sino a la sociedad entera (Hernández et al., 2010). También exime al Estado de su responsabilidad de prevenir, investigar y castigar la violencia de género (Gutiérrez y Apignani, 2010).

Según los y las especialistas, existen varios tipos de violencia. La distinción es meramente metodológica, puesto que suelen presentarse combinados, cada uno con su propia magnitud e intensidad (Castro y Vázquez, 2008). La física comprende una escala de conductas que agreden directamente el cuerpo de las mujeres, provocando un daño o intento de daño temporal o permanente. La sexual consiste en obligar a sostener relaciones sexuales; suele venir acompañada de violencia física o psicológica (Corsi, 1994; Vázquez y Castro 2008). La psicológica se asocia con un primer episodio de violencia física, en la que las amenazas y gritos se traducen en miedo. La agresión es directa a la psique mediante insultos, humillaciones, intimidaciones (Cortés, 2006; Castro y Vázquez, 2008). La violencia económica se da cuando la mujer es excluida de la toma de decisiones sobre los ingresos, hay otra familia con la cual se tiene que compartir el patrimonio o en su defecto quedarse sin éste (Cortés, 2006; Hernández, 2004; Hernández et al., 2010).

En Ayutla, como en otras comunidades indígenas del país, las construcciones de género se reproducen a través de normas, costumbres e instituciones propias de contextos culturales específicos. La violencia lleva nombres distintos (pelear con la mujer o con la familia, sustos, corajes, muinas), pero se presenta bajo las mismas formas (González, 2004). Desde pequeñas, las mujeres están expuestas a medidas correctivas que son interiorizadas y legitimadas mediante el uso de la violencia (Martínez y Mejía, 1997; Hernández et al., 2010). Dichas medidas continúan durante la edad adulta, ya que el jefe de familia goza de autoridad para "disciplinar" a toda la familia. La medida correctiva o castigo se extiende al ámbito comunitario, reproduciéndose como cultura oficial hasta convertirse en costumbre, en algo natural (Hernández, 2004; Freyermuth, 2004; González, 2009).

Poco menos de la mitad de las encuestadas (35) dijo que la violencia "siempre" está presente, mientras que otras cuarenta dijeron que "a veces". La violencia psicológica (insultos y humillaciones) es la más usual: 50 de 76 mujeres dijeron que es "frecuente" o "muy frecuente", seguida de la física (32 dijeron que es "frecuente" o "muy frecuente"). Los datos de la ENDIREH de 2006 para el estado de Oaxaca concuerdan señalando que la violencia psicológica es la más habitual (en Gutiérrez y Appignani, 2010: 105). La encargada de la UMF de Ayutla también lo constató: "la [violencia] psicológica es más común por aspectos del machismo". Las mujeres se refieren a palabras hirientes, indiferencia, chantajes: "Cuando los hombres maltratan a las mujeres sin pegarles o cuando no les hablan". "Las palabras duelen, no se ven, pero dejan cicatriz, los chantajes, obligar a la prueba de amor". Por el contrario, la clave de la violencia física está en que se nota en el cuerpo: "la violencia física se ve" (participantes de taller, Ayutla, septiembre de 2011).

En relación con la violencia sexual, doce mujeres dijeron que los ataques sexuales a cargo de conocidos son "frecuentes" o "muy frecuentes", versus sólo tres que dijeron que los ataques a cargo de desconocidos tienen esta misma regularidad. Es decir, la violencia sexual es más común en el ámbito familiar y/o comunitario. Cuando la mujer es menor de edad, la violencia sexual es llamada estupro; cuando es cometida por un familiar entonces es incesto. Estas formas de violencia están penalizadas con "tres a siete años de prisión y multa de cien a trescientos días de salario", sólo en caso de "querella de la persona ofendida, sus padres o representantes legítimos". La pena aumenta en "una mitad cuando se trata de un pariente de la persona ofendida" (CIIL-CEO, 2006: 56).

Aproximadamente un cuarto de las encuestadas identificaron al estupro como una práctica "frecuente" (11) o "muy frecuente" (9). Además, 20 mujeres dijeron conocer algún caso de incesto. Este es un tema tabú del cual se habla sólo cuando hay un embarazo en una menor, lo cual significa que pudo haber sido violada muchas veces antes de embarazarse. Si se da seguimiento, se descubre que el violador es algún pariente. La partera de Ayutla nos habló de tres casos: una "chiquita" de 14 años cuyo hermano "la embarazó"; otra "chiquilla" cuyo padre fue demandado, asunto que "nunca procedió porque no lo pudieron comprobar"; y una tercera "chica, fue su tío quien la violó, pero ese señor sí está en la cárcel" (partera, Ayutla, septiembre de 2010).

Durante nuestra estancia en campo (septiembre de 2010) supimos de dos ataques sexuales. El primero fue un intento de violación a una joven de 16 años que caminaba "sola" a las siete de la tarde. En esta situación se termina investigando más la vida privada de la mujer que la del agresor y se comienza a cuestionar su "aspecto físico, cómo iba vestida, la edad, qué hacía sola a esas horas de la noche", siempre con la intención de buscar una razón para justificar la violación (Velázquez, 2004: 87), pues se asume que las mujeres "la provocan" con su comportamiento (Vargas, 2011). El agresor era un joven de 18 años de una comunidad vecina. El asunto se resolvió en la sindicatura con "una pequeña multa", mecanismo de compensación sin duda insuficiente pero común que significa "exponer de nueva cuenta a las jóvenes de la comunidad" (Vargas, 2011: 140).

El segundo caso involucra a dos niñas de primaria que caminaban por una brecha rumbo a casa después de clases. A diferencia del primero, en éste no se cuestionó el "buen comportamiento" de las niñas. Sin embargo, el resultado de la denuncia fue peor, porque la autoridad buscó demasiado tarde al agresor, cuando éste ya había escapado y "no lo agarraron". No hubo compensación ni juicio de ningún tipo.

Las mujeres de Ayutla asocian la violencia económica con el consumo excesivo del alcohol por parte de los hombres. Consideran que los que abusan del alcohol utilizan todo su dinero en éste y descuidan sus responsabilidades familiares, lo cual en ocasiones conduce a la separación de la pareja y el abandono total de la familia. El consumo del alcohol es, en efecto, un elemento asociado no sólo con la violencia económica, sino también psicológica, física y sexual (Ramírez, 2003; Chenaut, 2007; Vargas, 2011). La encuesta demostró que las causas más importantes de la violencia económica son la infidelidad (49 casos), cuestiones de trabajo (migrantes que se desentienden de su familia, 41 casos) y el consumo del alcohol (25 casos). Sólo supimos de dos mujeres que reciben pensión de la ex pareja, situación similar a la reportada por Vargas (2011) en la comunidad vecina (también Ayuuk'j) de Tlahuitoltepec. En Ayutla resalta el caso de un maestro de primaria que, según una de las encuestadas, "prefirió renunciar a su trabajo antes que darle pensión a su esposa". Las dos mujeres que sí la reciben también estuvieron casadas con maestros.

En resumen, la violencia psicológica (insultos y humillaciones) es la más común en Ayutla. Se trata de palabras que "duelen" pero "no se ven" en el cuerpo. La violencia física es menos frecuente pero tiene como característica que sí "se ve". Los ataques sexuales más comunes son perpetrados por personas conocidas. Se detectaron numerosas incidencias de incesto y estupro; sólo dos de cinco casos documentados (a través del testimonio de la partera y la observación participante) tuvieron algún tipo de consecuencia legal (el pago de una multa y el encarcelamiento del agresor). Finalmente, la violencia económica se manifiesta en el abandono financiero de las mujeres por una serie de factores (infidelidad, ausencia por trabajo, abuso del alcohol y maltrato). En la sección que sigue se analizan los distintos espacios a los que las mujeres acuden para pedir ayuda, así como sus experiencias con la violencia institucional.

 

La búsqueda de ayuda o la violencia institucional

La clínica

Las mujeres que experimentan episodios prolongados de violencia en cualquiera de sus formas, presentan un debilitamiento de sus defensas físicas y psicológicas, enfermedades psicosomáticas, embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. Todo esto afecta su desarrollo personal (Corsi, 1994; Martínez y Mejía, 1997; Cortés, 2006, Hernández et al., 2010). La encargada de la UMF reporta varios casos de mujeres que llegan con permanente dolor de cabeza: "Les comienzo a preguntar y de repente se agachan y se quedan calladas y uno se da cuenta de que se están deprimiendo y les pregunto, ¿qué tienes, qué te pasa? Hay unas que comienzan a llorar". Lamentablemente, la UMF no tiene los recursos humanos (un psicólogo/a) para atender este tipo de problemas: "Uno... tiene que... hacerles ver lo que trata un psicólogo, que es un profesional que va ayudar a resolver sus problemas y nosotros hacemos la parte con la plática". Este es un problema no sólo de Ayutla, sino de todo el país. Según Meléndez (2012), los servicios de atención psicológica personalizada son prácticamente inexistentes en el medio rural mexicano.

 

La sindicatura

Las mujeres indígenas frecuentemente recurren a sus autoridades para intentar detener situaciones de violencia. Este tipo de denuncias han sido documentadas desde la época colonial (González, 2009). Según la Encuesta de Salud y Derechos de las Mujeres Indígenas realizada en 2008 (en González, 2009), cerca de un tercio de las mujeres que declararon alguna forma de violencia conyugal, y 40% de las que sufrieron violencia física y/o sexual, acudieron con sus autoridades para poner una denuncia. En Cuetzalan (Puebla), la mitad de las demandantes ante el juzgado indígena son mujeres (ONU, 2011). En Tlahuitoltepec (Oaxaca), las mujeres son las usuarias más asiduas de la sindicatura municipal (Vargas, 2011). Estos hechos derrumban el estereotipo de la mujer indígena como sometida, pasiva y apegada a la costumbre. El problema es que generalmente las autoridades optan por las reconciliaciones matrimoniales, instando a las mujeres a cumplir sus roles de género (tener los alimentos listos, limpiar la casa, lavar la ropa, obedecer al marido, etcétera). Promover la reconciliación matrimonial en casos de violencia doméstica refuerza las desigualdades entre hombres y mujeres, y deja a estas últimas sin acceso a la justicia (Hernández, 2004).

Las mujeres de Ayutla suelen acudir al palacio municipal para poner una denuncia, en particular a la sindicatura, que es el espacio reglamentado para la atención a esta problemática. "Son los síndicos quienes se encargan de impartir justicia. Tienen esta facultad delegada por la comunidad. Pueden determinar las sanciones, soluciones, dinámicas, procesos y consejos" (Vargas, 2011: 29).

Según la encuesta, los principales motivos de denuncia en la sindicatura son: 1) violencia física; 2) violencia sexual; 3) abandono del marido; 4) falta de pensión alimenticia; 5) estupro. Poco más de la mitad de las mujeres (44) dijeron saber de alguna denuncia hecha ante la sindicatura. De éstas, 26 dijeron que las autoridades no les habían dado importancia. Una mayoría (34 de 44) abandonaron el caso. Sólo cinco se resolvieron a favor de las mujeres y eso fue porque se llevaron a otras instancias: Ministerio Público, DIF, Procuraduría General de Justicia (PGR). En dos de ellos, el éxito se debió a la intervención de organismos de la sociedad a favor de las mujeres, situación que se presenta en otras partes del continente (ONU, 2011). En este sentido, Hernández (2004) tiene razón cuando dice que dejar la resolución de casos de violencia en manos de autoridades locales significa negar a las mujeres el acceso a la justicia.

Los testimonios recogidos en Ayutla ilustran el procedimiento de denuncia ante la sindicatura. Frecuentemente, la agredida tiene que pagarle al policía para que traiga al demandado, es decir, a su marido: "Vas a la sindicatura y lo demandas. La autoridad te dice, bueno, me tienes que dar dinero para que el policía vaya por tu pareja. Tienes que darle 100 pesos a cada quien, si van tres o cuatro, pues ya son 400" (partera, Ayutla, septiembre de 2010).

Posteriormente se realiza un careo con su esposa para reconciliar a la pareja. El derecho local parte de la idea de que al casarse, las mujeres pasan de ser propiedad paterna a propiedad del cónyuge (Vargas, 2011). Los consejos de la autoridad "reproducen concepciones patriarcales" (Chenaut, 2007: 57), las cuales eliminan la posibilidad de que las mujeres ejerzan su agencia como seres autónomos que deben ser protegidos por la ley: "Si la mujer llegaba golpeada y aun así la han metido a la cárcel porque no obedeció. ¿Por qué le pegó? Ah, pues tiene razón él, porque cuando llegó no estabas y no había comida" (Rutilia, Ayutla, septiembre de 2010).

La idea de la reconciliación se sustenta en la posibilidad de que la relación "se componga", que el hombre "se arrepienta". Sin embargo, la violencia suele presentarse de nuevo:

Invitamos para que se componga, para que deje de tomar y preguntar: ¿quién falla, la mujer o el hombre? A veces viene el hombre y se arrepiente, dice, yo cometí el error, yo le pegué a mi esposa, ya no lo vuelvo a hacer y ¿qué pasó? Vino otra vez, necesita aconsejarle uno... para ayudar a su familia (síndico municipal, Ayutla, septiembre de 2010).

Puede verse que la justicia que se imparte en la sindicatura no significa dar una respuesta positiva a las agredidas, sino más bien restaurar la "paz" y la "armonía" en la familia, generando gastos para ellas y reproduciendo estereotipos de género. Esta estrategia perpetúa la discriminación contra las mujeres y vulnera sus derechos humanos.

 

El Ministerio Público

Las indígenas acuden a instancias estatales (por ejemplo, el Ministerio Público) cuando se fracasa en la conciliación en la comunidad (Sierra, 2004), cuando las instituciones locales no funcionan adecuadamente (Chenaut, 2007), o cuando las autoridades locales mandan algún asunto al sistema judicial estatal para evitar conflictos que pudieran poner en entredicho su prestigio y legitimidad social (Vargas, 2011). Por lo general, las denunciantes se quedan sin respuesta y nadie protege la integridad física y mental de las mujeres. Regularmente, la persona encargada de atender las demandas no entiende su idioma. No existe personal capacitado para realizar peritajes o estudios de laboratorio, y las pruebas no son procesadas adecuadamente. En pocas palabras, el procedimiento para realizar las investigaciones es negligente y, en consecuencia, deficiente (Hernández, 2004; Gutiérrez y Appignani, 2010).

Ayutla es un claro ejemplo de esto. Según el suplente del síndico de Ayutla, cuando el caso "es difícil" se remite al Ministerio Público. El agresor se queda 24 horas en la cárcel, entendido dentro de la cultura Ayuuk'jno como la privación de libertad, sino como una oportunidad para analizar el comportamiento propio hacia los demás en situación de aislamiento (Vargas, 2011). Después el encarcelado sale con una fianza "mucho muy baja":

En los casos en los que remitimos ante Ministerio Público. los detenemos 24 horas y tienen que pagar una multa... mucho muy baja, porque nos damos cuenta que si le quitamos 100 pesos al fulano, pos son 100 pesos [que] le van hacer falta, si no tienen menos les van a dar a su familia (suplente del síndico, Ayutla, septiembre de 2010).

La agredida tiene que llevarle los alimentos a su agresor a la cárcel, motivo por el cual muchas de ellas simplemente desisten de poner la denuncia:

Cada que mi mamá recibía golpizas... metían a mi papá a la cárcel, le decían a mi mamá, le tienes que traer el desayuno, le tienes que traer la comida, le tienes que traer la cena y tráele una cobija y un petate... ¿ Por qué mi mamá tenía que atender a su agresor ? Entonces llegó el momento en que dijo, para qué lo demando, si mientras él está durmiendo, yo tengo que apurarme con la comida (Ilma, Ayutla, septiembre de 2010).

En ocasiones, la agredida también tiene que pagar la fianza:

Después, si te resuelven el caso. al agresor le dicen, pues ahora pagas una multa. pero esa vez la multa la pagó la mujer, le salió más caro. Y ella dice, ¿para qué? (partera, Ayutla, septiembre de 2010).

Una vez que se paga la fianza, los agresores tienen que "firmar cada mes", lo cual no evita que "reincidan":

Los remitimos al Ministerio Público y ahí tienen que pagar una fianza y tienen que estar firmando cada mes. Pero a veces vuelven a reincidir... En ocasiones reinciden hasta tres veces (suplente del síndico, Ayutla, septiembre de 2010).

Siete encuestadas dijeron conocer demandas hechas directamente ante el Ministerio Público, lo cual indica que las mujeres utilizan más la sindicatura o que son pocos los casos que los síndicos consideran "difíciles". Tres de los casos presentados ante el Ministerio Público no fueron atendidos. En dos de ellos, el motivo fue la discrecionalidad con la que se maneja el Ministerio. Una de las encuestadas buscó que el padre de su hija le diera pensión por haberla dejado por "otra mujer". Éste era compadre del secretario del agente del Ministerio Público y se negaron a tomarle la declaración. Al final, la mujer se aburrió porque "estaba gastando dinero que no tenía". Otra mujer relata un caso similar:

Estuvo esperando todo el día, hasta que se la tomaron [la declaración], no se la querían tomar. el hijo de este señor. era amigo del secretario del Ministerio Público, del abogado defensor de oficio... cuando surgen los problemas le hablan y les dice, no tomes la denuncia, están locas (Sara, Ayutla, septiembre de 2010).

Lo aquí relatado es muestra de la violencia institucional que viven las mujeres, definida por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como "actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas" (Herrera y Suárez, 2011: 148). La impunidad derivada de la inacción o complicidad del Estado contribuye a la violencia de género, haciéndola más endémica y brutal. La corrupción y la falta de confianza en el sistema de justicia del país provocan que 90% de los crímenes no sean denunciados. De los sí denunciados, sólo 10% alcanzan sentencia (Gutiérrez y Appignani, 2010).

En resumen, el acceso a la justicia por parte de mujeres indígenas enfrenta barreras sociales y de género tales como la pobreza, la discriminación de género y etnia, la corrupción, las amenazas, el rechazo familiar y la estigmatización ante la comunidad. La alta prevalencia de la violencia de género en comunidades indígenas y la ineficacia de los mecanismos institucionales para atenderla (tanto locales como estatales) es un claro ejemplo de la desigualdad estructural de género en la sociedad mexicana (Martínez y Mejía, 1997; Lagarde, 2008; ONU, 2011). En la sección que sigue se analiza cómo, a pesar de las dificultades hasta aquí descritas, la mayoría de las mujeres encuestadas conocen sus derechos humanos, en particular el de vivir una vida libre de violencia, y han comenzado a cuestionar las costumbres comunitarias que atentan contra éstos.

 

Resignificando el derecho a vivir sin violencia

Las mujeres de Ayutla valoran el derecho a vivir una vida libre de violencia. Dos tercios de las encuestadas (54) dijeron conocer sus derechos humanos. Al preguntarles cuáles eran los más importantes, las respuestas fueron: 1) a vivir una vida sin violencia; 2) a la participación política; 3) a la salud; 4) a la educación; 5) al trabajo. Los datos coinciden con lo reportado por Vargas (2011: 119) para las Ayuuk'j de Tlahuitoltepec, cuando dice que "la percepción de los derechos de las mujeres se asocia fuertemente con el derecho a una vida libre de violencia doméstica, ya que la gran parte de las mujeres la han sufrido en alguna etapa de sus vidas".

Al reconocer el derecho a una vida libre de violencia como propio, las mujeres ponen en duda los supuestos de la cultura patriarcal sobre los cuales se erige la violencia de género como una práctica socialmente legitimada. Se cuestiona el hecho de que las mujeres, en su "ser para otros", sientan que deben proporcionar estabilidad emocional a los demás, en especial a los varones (Cavanagh, 2003):

A veces creemos que el hombre viene gritando, de malas o prepotente y decimos, pobrecito, viene así por su trabajo...todo está mal para él. piensan que una lo agrede a ellos y ellos no se dan cuenta de que es al revés (participante del taller, Ayutla, septiembre de 2011).

Las mujeres también cuestionan la idea de que las mujeres "se aguantan por tontas":

Creo que muchas veces tenemos que verlo, vivirlo y sentirlo para entender a las mujeres. a mí me costó mucho trabajo entenderlo. y ya cuando la violencia está muy arraigada en una, es difícil entenderla. Creo que decir que se aguantan por tontas es lo último que tenemos que decir (participante del taller, Ayutla, septiembre de 2011).

Dejar una situación de violencia es difícil porque la mujer va perdiendo su capacidad para pensar por ella misma y tomar sus propias decisiones; va perdiendo su autoestima; sus redes sociales van disminuyendo a medida que su aislamiento va creciendo. Además está el miedo a que la violencia se incremente hasta la muerte, y la esperanza (cada vez más decaída, pero siempre presente) de que el hombre cambie. Las mujeres pierden la seguridad en sí mismas para expresar sus sentimientos y confiar en otras personas (Martínez y Mejía, 1997; Vázquez y Castro, 2008; Hernández et al., 2010; Gutiérrez y Appignani, 2010).

Estudios realizados con otras poblaciones indígenas resaltan cómo el poder patriarcal se resiste al cambio. Está el asesinato de dos artesanas en Amatenango del Valle, Chiapas, que Nash (1993: 146) interpreta como una "poderosa reacción de los hombres ante la creciente autonomía de las mujeres". Eber y Rosenbaum (1993: 172) coinciden al describir la "tensión marital" que se genera cuando las mujeres de Chamula y Chenalhó adquieren mayor independencia económica, al grado de que sus esposos destruyen sus tejidos y las acusan de ser "mujeres de la calle".

La Ley Revolucionaria de Mujeres, formulada desde las bases femeninas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1995, es un buen ejemplo de la lucha de las indígenas por relaciones más igualitarias al interior de sus familias y comunidades. Ellas fueron las primeras en el país en hacer un ejercicio crítico de la cultura indígena por la discriminación de género al interior de comunidades zapatistas. Sus demandas no sólo involucran al Estado mexicano (el respeto al derecho al trabajo y a un salario justo; acceso a la educación, salud y nutrición de calidad), sino también a los colectivos indígenas (el respeto al derecho a decidir con quién casarse y/o permanecer soltera, cuantos hijo/as tener, a no ser golpeada ni violada, a ocupar cargos comunitarios, a heredar la tierra) (Rojas, 1999).

Este tipo de cuestionamientos ha sucedido no sólo en Chiapas sino también en Puebla, Guerrero, Veracruz y Oaxaca (Millán, 1996, 2008; Carlsen, 1999; Sierra, 2005; Duarte, 2008; Espinosa, 2009, 2010; Vargas, 2011); y ha sido motivo de discusión en el Congreso Nacional Indígena (Hernández, 2002). Propuestas similares han sido identificadas en otros países con procesos organizativos indígenas como Guatemala, Bolivia y Ecuador (ONU, 2011).

En sintonía con estos cambios nacionales e internacionales, las mujeres de Ayutla han comenzado a cuestionar las costumbres que les hacen daño, por ejemplo los matrimonios arreglados que "eran violación" y no permitían a las mujeres decidir:

Antes el hombre... nada más la iba a pedir y ella tenía que pensar qué decía... ya después de eso no debían hablar con nadie. nadie podía decir nada... ella conocía al novio hasta que se iba a casar (participante del taller, Ayutla, septiembre de 2011).

Los matrimonios arreglados eran violación a las mujeres porque no las dejaban decidir (participante del taller, Ayutla, septiembre de 2011).

Las mujeres de Ayutla también desaprueban la idea de las reconciliaciones, enraizada en el dogma católico y el dejar hacer de parte de las autoridades:

La acción de la autoridad era... arréglense, no se permite que se separen, porque ya están casados por la Iglesia. Los mandaban con los sacerdotes para que hubiera una conciliación o también decían, ya te casaste, te tienes que aguantar, porque ya es un compromiso que ustedes hicieron y no hay nada que hacer y no se pueden dejar (Rutilia, Ayutla, septiembre de 2010).

En resumen, las mujeres de Ayutla (junto con las zapatistas y otras indígenas de México y del continente) están cuestionando ideas centrales de su cultura para promover la equidad de género desde sus propios sistemas normativos. Coincidimos con Vargas (2011: 120) cuando señala que "el discurso de los derechos de las mujeres está circunscrito especialmente a un sector que está en un constante proceso de empoderamiento en distintos espacios, como en el sistema de cargos político-religiosos, en los tequios, en las asambleas comunitarias y en los talleres". Sin embargo, se trata de un sector cada vez más creativo en la construcción de ciudadanía femenina, iniciativa que surge dentro de procesos organizativos de mucha historia y largo alcance, donde las mujeres son cada vez más visibles y asertivas. En la próxima y última sección se analiza cómo el discurso de los derechos de las mujeres elaborado por estos sectores ha sido útil para algunas, en particular una mujer monolingüe y analfabeta que tuvo éxito en una denuncia de violación dentro el matrimonio.

 

Una denuncia exitosa por violación dentro del matrimonio

El camino hacia el Ministerio Público

De acuerdo con la última reforma (2011) del código penal oaxaqueño, la violación dentro del matrimonio alcanza una pena de "trece a veinte años de prisión y multa de setecientos a mil doscientos días de salario mínimo". Sólo se persigue si existe una demanda (CIILCEO, 2011: 62). Se trata de un delito difícil de reconocer ya que en la cultura patriarcal el marido tiene derechos sexuales permanentes sobre su mujer. Según Velázquez (2004), la violación dentro del matrimonio puede ser aún más traumática que la efectuada por desconocidos, puesto que hay una historia de pareja previa y posterior a la violación, así como hijo/as y patrimonio de por medio.

Tuvimos la fortuna de documentar el caso de una mujer que, después de 40 años de vida en pareja, y de haber parido 14 hijos/as de su agresor, se atrevió a denunciarlo y logró meterlo a la cárcel. Su principal asesora fue su hija Ilma y otras personas que le hablaron del delito de violación dentro del matrimonio. Así se constata que el discurso de los derechos de las mujeres sale del limitado grupo de mujeres empoderadas descritas antes, para llegar a sectores más amplios de la población:

Le decía a mi mamá que mi papá no era Dios, no era alguien que puede hacer lo que quiera, que sí había alguien que le pusiera un alto, pero eso dependía de mi mamá, yo no podía hacerlo. Otras gentes le comenzaron a decir que estaba mal lo que estaba pasando, que ahorita las mujeres ya las defendían, que ya había un ley que protegía a la mujer y que ahorita muy difícilmente se le perdonaba a una gente que abusara de otra persona y que no importaba que fuera su esposa. que si llegaba al acto sexual sin el consentimiento de la otra persona era un delito, era violación, no importando que fuera su esposa (Ilma, Ayutla, septiembre de 2010).

La violencia ejercida en contra de la madre de Ilma fue tan intensa que ni una de las personas con las que se cruzó en su camino puso en duda de que su esposo tenía que ser castigado. Hay que imaginarse el estado en que la vieron cuando Ilma la llevó a una clínica después de haber sido violada por su esposo. El primer médico dijo que la llevaran a otro lado "porque se iba a morir" y el segundo sugirió que pusiera una denuncia. La conversación con el médico muestra el dilema que vive la madre de Ilma para tomar medidas. Por un lado, algunas personas le han dicho que la violación es un delito que debe ser castigado. Por el otro, ella duda sobre el apoyo que puede darle su familia para tener éxito en la denuncia:

Mi mamá dice, es que yo necesito veneno, no puedo con esto, es que es vergonzoso y nadie me apoya, mis hijas no me apoyan. a mis hijas les da pena lo que a mí me pasó, ellas se avergüenzan de mí (Ilma, Ayutla, septiembre de 2010).

Las palabras del médico son esenciales para que la madre de Ilma se decida por la denuncia. El médico conoce los alcances de la violencia, que puede llegar hasta la muerte, y recalca que sólo a través de la denuncia se puede lograr reducir la incidencia de un delito que afecta a "muchas mujeres":

Usted tiene que demandar, todos estamos conscientes de que vamos a morir, pero usted va a morir en una cama, en algo calientito, usted va a morir de vejez, usted no va a morir a manos de un hombre, mucho menos a manos de un violador. Usted tiene que denunciar, lo que a usted le pasó le ha pasado a muchas mujeres...por callar las han matado (Ilma, Ayutla, septiembre de 2010).

En el Ministerio Público la madre de Ilma fue revisada por médicas legistas, una de las cuales "se puso a llorar" al constatar el maltrato. Al dar su declaración, la madre de Ilma indicó que ninguno de sus 14 hijos/as había sido concebido con su consentimiento, describiendo así una vida marcada por la violencia:

Lo que mi mamá iba respondiendo me dolía... le preguntan, ¿cuántos hijos tiene ? Dice, catorce... ¿Cuántos hijos concebiste con tu consentimiento? Mi mamá responde, ninguno (Ilma, Ayutla, septiembre de 2010).

El Ministerio Público resolvió a favor de la señora. Desde 2009 su esposo:

Está en la cárcel por violador, violación agravada, y violencia de todo tipo hacia mi mamá y algún tiempo hacia otras gentes. Él violó a mi mamá, ella levantó una demanda, ella no sabe hablar español, no sabe leer, no sabe escribir (Ilma, Ayutla, septiembre de 2010).

 

La vida en comunidad después de la denuncia

En la justicia Ayuuk'j predomina la noción del "valor comunitario de unidad", captada en la expresión "nosotros no entramos de autoridad para separar a la familia ni al pueblo" (Vargas, 2011: 37). De ahí que la mujer que canaliza un conflicto a instituciones externas resulte mal vista. Esto fue lo que sucedió con la madre de Ilma, quien tuvo que enfrentar conflictos por el encarcelamiento de su esposo, empezando por la desaprobación de sus propias hijas:

Mis hermanas estuvieron en contra de mi mamá porque ella ya estaba vieja para que anduviera demandando a mi papá y qué iba a decir el pueblo. [Pensaban]... que era mejor que mi mamá siguiera su vida con mi papá o mejor se fuera a su pueblo (Ilma, Ayutla, septiembre de 2010).

La partera de Ayutla relata una conversación que tuvo con un joven al cual le parece inconcebible que la violación ocurra dentro de la relación matrimonial:

Esa señora se pasó, no creo que un esposo abuse de su esposa. porque es su esposa. Le dije, estás muy equivocado, por ejemplo tú, si tuvieras una mujer y la obligas a tener el acto sexual, es abuso sexual aunque sea tu pareja y eso no te da derecho a que tú la obligues. tú no tienes una información clara. Me dice, yo sólo te estoy diciendo lo que pienso (partera, Ayutla, septiembre de 2010).

Cuando una mujer acude a las autoridades para denunciar un caso de violencia, expone a su propia familia públicamente y se vuelve víctima de chismes y comentarios. Las mujeres agraviadas se convierten en personajes principales en torno a los cuales giran las valoraciones sociales del comportamiento (Vargas, 2011). Esto sucedió con la madre de Ilma, cuya vulnerabilidad fue puesta de manifiesto con el cambio de autoridades. A varios meses de haber encerrado al agresor, las autoridades entrantes convocaron a una asamblea para tratar el tema, porque el padre de Ilma era "un ciudadano" y la madre provenía de otra comunidad. La defensa del agresor se hace en nombre de los usos y costumbres:

Ya llevaba unos meses encerrado mi papá, en cuanto toman el cargo los del municipio dijeron, que se apliquen los usos y costumbres, convocaron a una asamblea para tratar ese asunto porque mi papá era un ciudadano aquí, no se le conocía como violador... ¿A semejante vieja con tantos hijos la van a estar violando? (Ilma, Ayutla, septiembre de 2010).

Ilma y su madre tuvieron aliadas, entre ellas la única presidenta municipal que ha tenido Ayutla, la maestra Irene Hernández. Ésta las apoyó de manera activa para que no fueran, literalmente, linchadas públicamente por otros miembros de la comunidad. A la defensa de Ilma y su madre se sumaron la Fundación Consorcio2 y el Centro Social Ayuuk'j. Las afectadas tuvieron que mudarse por un tiempo a la ciudad de Oaxaca y publicar la historia en "un periódico":

Por protección de tu mamá y tuya, no vayan, pero en dado caso que pasara algo con tus hijos o tu esposo o algo. nos vamos a trasladar para Ayutla todas las que podamos juntarnos y todo eso se grabó y salió en un periódico (Ilma, Ayutla, septiembre de 2010).

En resumen, el primer elemento importante en este caso fue que la madre de Ilma escuchó hablar de los derechos de las mujeres, lo cual hizo que cuestionara su relación. Luego se topó con un médico que reforzó la idea de que la violación dentro del matrimonio es un delito denunciable y castigable. Tuvo en el camino apoyo de Organizaciones No Gubernamentales y mujeres empoderadas que han logrado abrir espacios y opciones para la defensa de los derechos de las mujeres. Todo esto contribuyó a que su denuncia fuera exitosa y se creara un nuevo referente legal a nivel local. En palabras de Vargas (2011: 29), "la manera en que los pobladores recurren a las distintas instancias de justicia, comunitaria o estatal, depende de la respuesta que encuentran a nivel local, de las redes de relaciones externas con las que cuentan, de los recursos culturales, simbólicos y materiales que tienen".

A pesar de ser analfabeta y monolingüe, la madre de Ilma logró superar las trabas institucionales en la impartición de la justicia gracias al trabajo de defensoría desde una visión de equidad de género y etnia de organizaciones como Consorcio Diálogo Parlamentario de Oaxaca. La eficacia de organizaciones como éstas se comprueba en casos similares ocurridos en el continente latinoamericano (ONU, 2011).

 

Conclusiones

Este artículo se propuso analizar la violencia de género en Ayutla, municipio mixe (o Ayuuk'j) de Oaxaca. Partimos de la definición de la violencia de género como un ejercicio de poder avalado por la sociedad patriarcal, y de la contextualización de tal violencia en el mundo indígena. Mediante datos cuantitativos y cualitativos, el texto describe los tipos de violencia presentes en Ayutla así como los espacios utilizados por las mujeres para buscar ayuda. Posteriormente analiza las estrategias discursivas de las mujeres para resignificar sus derechos y replantear su cultura, para concluir con el análisis de un caso exitoso de denuncia por violación dentro del matrimonio.

Las cinco formas de violencia identificadas en la literatura se presentan en la vida de las mujeres de Ayutla. La psicológica es más frecuente que la física. Dentro del rubro de violencia sexual se detectaron más ataques por hombres conocidos, y numerosos casos de incesto y estupro. La violencia económica está asociada con el abandono de las mujeres por una serie de factores (infidelidad, ausencia por trabajo, abuso del alcohol y maltrato), abandono que casi siempre deja a las mujeres sin apoyo económico. Finalmente, la violencia institucional es ejercida por los espacios que son incapaces de atender las denuncias femeninas. La clínica no tiene personal capacitado, el sistema normativo indígena refuerza los roles de género y deja a las mujeres sin acceso a la justicia; el Ministerio Público se maneja con discrecionalidad y también refuerza los roles de género. Evidentemente, la violencia de género en sociedades indígenas no es una cuestión de tradición versus modernidad, donde la segunda resuelve las injusticias de la primera.

La violencia se legitima responsabilizando a las mujeres de su situación. Sin embargo, las Ayuuk'j están conscientes de sus derechos, valoran en primer lugar el derecho a vivir una vida libre de violencia y son partícipes de un ejercicio crítico mediante el cual, a través del discurso, se cimbran los cimientos de la cultura patriarcal que legitima la violencia. Las entrevistadas saben que las mujeres no son responsables, sino víctimas de la violencia; saben de lo difícil que es dejar una relación violenta; distinguen las costumbres nocivas y el papel de la Iglesia y de las autoridades en perpetuar la violencia y, con ella, la desigualdad de género.

El artículo cierra con el inédito y extraordinario caso de la madre de Ilma, el cual nos permite identificar la constelación de factores que posibilitó el tratamiento adecuado de la violencia de género en comunidades indígenas. Para empezar, está la mujer agredida que, animada por su hija y otras personas que han escuchado sobre los derechos de las mujeres, decide buscar ayuda. Está el trabajo de los y las legisladoras que tipifican nuevos delitos (la violación dentro del matrimonio). Están los médicos/as sensibles al tema de la violencia de género, que en el momento oportuno saben dar asesoría médica y legal. Está un Ministerio Público que cumple con sus funciones de manera no discrecional. Está la mujer en posición de liderazgo (Irene Hernández), quien detiene mayor abuso. Finalmente, está la presencia firme y permanente de organismos civiles sensibles a la problemática de las mujeres para brindar ayuda.

Hay importantes huecos en esta constelación, huecos que deben trabajarse. Sin Ilma, quien fungió como traductora de su madre en todo el proceso, nada hubiera sido posible. Es decir, las leyes e instituciones (clínica, Ministerio Público) no sólo tienen que ser sensibles a la inequidad de género, sino también a la de etnia. Este es un tema de suma importancia para Oaxaca, México y Latinoamérica. Según la ONU (2011), los servicios de traducción en tribunales del continente son limitados o inexistentes.

Las instituciones locales también mostraron muchas deficiencias. Las autoridades tuvieron la osadía de abrir un caso ya juzgado por el Ministerio Público, porque el sistema de usos y costumbres otorga derechos de ciudadanía sólo a los "jefes de familia", de facto varones. La madre de Ilma tiene un agravante adicional: no ser originaria de la comunidad (a pesar de haber parido 14 hijos con un "ciudadano"). No hay sistema que proteja los derechos de la madre de Ilma, por su condición de mujer y de fuereña.

El hecho de que la denuncia se haya puesto después de 40 años también deja un mal sabor de boca. ¿Por qué la madre de Ilma tuvo que vivir violencia a lo largo de cuatro décadas? ¿Cuál habrá sido el estado físico de la madre de Ilma para que los médicos y médicas, acostumbrados a ver sufrimiento, inmediatamente aconsejaran denunciar e incluso se pusieran a llorar? ¿Se necesita tanto tiempo y tanto daño para meter a un agresor reincidente en la cárcel?

La violencia de género en comunidades indígenas es una constante. Los sistemas de justicia local y del Estado minimizan esta problemática. A pesar de ello, las mujeres Ayuuk'j reinterpretan su cultura redefiniendo sus derechos desde de su propio contexto. El éxito en la denuncia de la madre de Ilma contribuyó a este esfuerzo, pues logró desarticular las principales trabas que reproducen y perpetúan la violencia: las desigualdades de género y etnia; la ineficacia de estructuras institucionales, tanto locales como del Estado; la estigmatización de las víctimas; la impunidad generalizada. Encima de estas trabas se sobrepuso una constelación de factores que condujeron a un inédito y extraordinario éxito: la mujer que denuncia, el personal médico que aconseja, el Ministerio Público que procede, las organizaciones civiles y la lideresa comunitaria que apoyan a la agredida. Es cierto, una golondrina no hace verano. Pero al menos anuncia las primeras gotas de lluvia, que, cuando aumentan, traen consigo un cambio radical en el paisaje.

 

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Notas

1 El pueblo mixe se llama así mismo Ayuuk'jjä'äy. La lengua que hablan es Ayuuk'j, cuyo significado es: a=idioma, palabra; Ayuuk'j=montaña, florido, y yä'äy=gente. Por lo tanto, su significado puede traducirse como "gente del idioma florido".

2 Consorcio Diálogo Parlamentario de Oaxaca, que ha venido trabajado en la región mixe junto con Servicios del Pueblo Mixe. Consorcio también fue fundamental para procesar exitosamente un caso de violación en Tlahuitoltepec (Vargas, 2011).

 

Información sobre las autoras

Verónica Vázquez García. Ph.D. en Sociología, Carleton University, Canadá. Profesora-investigadora titular, Colegio de Postgraduados. Línea de investigación: género y desarrollo rural. Publicaciones recientes: "Gender-mainstreaming y agua. El Programa Nacional Hídrico", en Convergencia Revista de Ciencias Sociales, vol. 18, núm. 56, Toluca, México (2011); "Mujeres en campaña. Cómo postularse para presidenta municipal y no morir en el intento", en Estudios Sociológicos, vol. 29, núm. 85, México (2011); Muñoz Rodríguez, Carolina, Verónica Vázquez García, Emma Zapata, Aníbal Quispe e Ivonne Vizcarra, "Pobreza real y desarrollo de capacidades en mujeres indígenas de la Sierra Negra de Puebla", en La Ventana, vol. 4, núm. 31, Guadalajara (2010).

Carolina Muñoz Rodríguez. Maestra en Desarrollo Rural, Colegio de Postgraduados. Investigadora asociada, Colegio de Postgraduados. Línea de investigación: género y desarrollo rural. Publicación reciente: Muñoz Rodríguez, Carolina, Verónica Vázquez García, Emma Zapata, Aníbal Quispe e Ivonne Vizcarra, "Pobreza real y desarrollo de capacidades en mujeres indígenas de la Sierra Negra de Puebla", en La Ventana, vol. 4, núm. 31, Guadalajara (2010).

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Convergencia Revista de Ciencias Sociales, año 24, número 73, enero-abril 2017, es una publicación cuatrimestral editada por la Universidad Autónoma del Estado de México, a través del Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Cerro de Coatepec s/n, Ciudad Universitaria, C.P. 50100, Toluca, Estado de México. Tel. +(52 722) 2159280 y 2150494 ext. 206. http://convergencia.uaemex.mx, convergenciarevista.uaemex@gmail.com. Editora responsable: Guillermina Díaz Pérez. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo 04-2016-021513014800203, ISSN electrónico: 2448-5799, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsable de la última actualización de este número: Verónica Hernández Sánchez, fecha de la última modificación: 20 de diciembre de 2016

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